Tras marcar un hito como el primer presidente colombiano que viene de la izquierda, con una conocida militancia en la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) y que llegó al poder vía la coalición Pacto Histórico “Colombia Puede”, Gustavo Petro ha enfrentado situaciones de crisis interna, por las discrepancias que generan los aprestos de una reforma que transita por el Congreso (bicameral), así como situaciones en el estrato público que afectan directamente su imagen y gestión, que apenas acaba de cumplir sus primeros 10 meses.
Durante este tiempo trascendieron las manifestaciones en contra de la reforma lideradas por los sectores que se oponen, mientras que sindicatos laborales y gremios profesionales decidieron respaldar a Petro, quien en última instancia encabezó las protestas a favor de la iniciativa, sirviendo como contrapeso a los primeros, los cuales habían dominado el escenario político y social, siendo esta una coyuntura aprovechada por la oposición política para exhibir músculos; y las declaraciones de la Fiscalía, de que tiene una línea de investigación por el presunto financiamiento ilícito de su campaña, una situación que está precedida por el choque de poderes que previamente se suscitó entre el dignatario y el fiscal general, Francisco Barbosa, quien reveló que sacó a su familia del país por motivos de seguridad, tras sentirse intimidado por declaraciones de Petro.
El fiscal Barbosa se ha opuesto a decisiones y políticas de la gestión de Petro, como la ley de “Paz Total”, que es la continuidad de los diálogos de paz para lograr el cese al fuego de grupos armados ilegales, entre otras medidas, mientras que el gobernante acusó a la Fiscalía y a la Procuraduría de interponerse en la liberación de unos 300 manifestantes en el estallido social de 2021.
En medio de esta disputa entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, han surgido comentarios de posibles aspiraciones políticas de este último y que en esto fundamenta su accionar.
Concomitantemente, Petro hace frente a una inflación anual del Índice de Precios al Consumir (IPC) de 12.36 % hasta mayo de 2023, siendo 3.29 % mayor que la de igual periodo del año anterior, que fue de 9.07%, según datos del Banco de la República (banco central). Hace un tiempo, analistas económicos consideraron que la inflación y sus repercusiones sugieren que los precios demorarán un “periodo largo” antes de retornar a la meta de 3 % establecida por la citada institución reguladora, agregándose que el gerente de la misma, Leonardo Villar, expresó gran preocupación por el alto déficit en cuenta corriente de la nación.
El ambiente tenso de estas últimas semanas, al que se sumó el acuerdo entre el Gobierno de Petro y Ejército de Liberación Nacional (ELN), que deberá hacer un alto al fuego por seis meses, alimenta las susceptibilidades de la sociedad colombiana, por los antecedentes históricos que acompañan una medida de esta envergadura.
Este escenario adverso ha lesionado la popularidad de Petro, que tiene una tasa de desaprobación de 59.4 %, mientras que, la vicepresidenta Francia Márquez cuenta con 59.9 % de rechazo, de acuerdo a la encuestadora Varmer, con fecha del 2 de junio de 2023.
Sin lugar a dudas, Petro ha timoneado los destinos de una nación con importantes retos y desafíos, generando críticas y preocupaciones cada vez más frecuentes, lo cual podría afectar la legitimidad de su Administración, desde el punto de vista del apoyo popular.
Tiene mucha lógica la toma de las calles por los que creen en las reformas propuestas por el gobierno de Petro. Es una demostración de fuerza popular a través del respaldo de aquellos a los que benefician las enmiendas planteadas y una respuesta política correcta.