El escenario político colombiano atraviesa por momentos convulsos y trascendentales, que pudieran cambiar el curso de la historia presente y futura de la nación.
Las acusaciones del exdiputado por el departamento Atlántico, Nicolás Petro Burgos, sobre la violación de los topes establecidos y el financiamiento con dinero ilícito de la campaña política de su padre, el presidente Gustavo Petro, confirman los rumores que se habían esparcido y que fueron alimentados por las declaraciones de la Fiscalía de que había iniciado una investigación al respecto.
Aunque Nicolás Petro aclaró que el hoy jefe de Estado no estaba al tanto del dinero ilícito que entraba a su campaña política, sus revelaciones reflejan la falta de control y transparencia con que se manejó la misma, situación que ahora también le crea problemas de legitimidad a su elección. El mandatario se encuentra en la compleja situación de tener que lidiar con la inestabilidad que esto supone en el plano familiar y con la posibilidad de perder su investidura para tener que enfrentar la justicia.
El Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia establece que: la violación de los topes establecidos para financiar alguna campaña política, debe ser castigada con la pérdida de investidura. Para que esto pueda concretizarse, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados), integrada por 16 miembros de distintos partidos políticos, actuando como fiscal se encargaría de hacer las investigaciones sobre las acusaciones de Nicolás Petro, para posteriormente presentarlas al Senado, que fungiría como Juez ante el mandatario, quien advirtió que concluirá su mandato en 2026.
A raíz del escándalo político, otros temas delicados han salido a relucir, como la disyuntiva sobre el conflicto de intereses que tomaría esencia dentro del sistema de justicia, y por otro lado, el espionaje telefónico.
Posible conflicto de intereses en la defensa de Petro
En cuanto al primer punto, la designación del conjuez (una especie de suplente) de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, Mauricio Pava Lugo, como defensor del presidente Petro en caso de que la justicia lo requiera, proyecta un serio conflicto de intereses, de acuerdo a la periodista colombiana Patricia Janiot, quien a través de su cuenta de Twitter @patriciajaniot, posteó lo siguiente: “De perder su investidura como jefe de Estado, previo juicio político en el Congreso, el caso llegaría a la Corte Suprema donde el defensor de Petro haría las veces de abogado litigante, frente a una corte en la que es conjuez y parte”.
En contraste, el medio de prensa digital elCOLOMBIANO, en una publicación del 5 de agosto del año en curso, titulada ¿Quién es Mauricio Pava, el abogado que defenderá al presidente de las acusaciones de su hijo Nicolás Petro?, establece lo siguiente: “Su desempeño como conjuez de la Corte no le impedirá asumir la defensa de Petro, pues su participación en la Alta Corte solo ocurre cuando los magistrados se declaran impedidos para decidir en algún caso particular”.
En lo atinente al segundo punto, sin ánimo de justificar ni cuestionar la veracidad del contenido de las reveladoras acusaciones, todo indica que las mismas están motivadas por el despecho de la excompañera de Nicolás Petro Burgos, quien al sentirse engañada por este y su nueva esposa, Laura Ojeda, mandó a intervenir el teléfono de esta última, aprovechándose de sus contactos dentro de la Policía Nacional de Colombia, con lo que de paso incurrió en una ilegalidad.
“Las chuzadas”, como se conoce en Colombia a las intervenciones telefónicas, es una práctica cuestionada e ilegal que ha creado precedentes negativos en el país suramericano. Solo basta recordar el escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cual consistió en el espionaje telefónico sin autorización judicial ordenado durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) contra periodistas, jueces, defensores de los derechos humanos y políticos opositores, situación que propició la disolución de esa agencia de inteligencia que respondía al mando directo del Presidente.
Como se aprecia, el dignatario afronta la crisis más aguda desde el 7 de agosto de 2022, fecha en que asumió las riendas del poder político en Colombia, desde cuándo ha tenido que enfrentar muchas situaciones adversas que han afectado sus niveles de aprobación, con el riesgo de perder la legitimidad necesaria para la adecuada gobernanza.
Están en perspectiva, entre otras cosas, el discurso y accionar que asumiría la oposición política; si el partido oficialista y sus aliados continuarán cohesionados en torno a la figura y la gestión de Gustavo Petro; y si los actores que imparten justicia, con algunos de los cuales el gobernante ha tenido choques importantes, se mantendrán lo suficientemente ecuánimes para administrar el debido proceso.
