La inestabilidad socioeconómica y la crisis de inseguridad ciudadana están repercutiendo perniciosamente sobre los diferentes ámbitos de interés nacional, sin que hasta el momento se perfile una luz en el camino.
El vacío de poder político e institucional
En el ámbito político Haití atraviesa por una calma relativa, dado que el primer ministro, Ariel Henry, ha permanecido en el cargo, cumpliendo además la función de Presidente interino, tras el magnicidio de Jovenel Moïse.
Sin embargo, en Haití no existe el equilibrio entre los distintos poderes de un Estado, necesario para garantizar la buena gobernanza y la democracia, así como para propiciar por lo menos una estabilidad aunque sea en niveles mínimos.
Para poner en contexto lo que realmente acontece en el plano político, hasta el momento hay indefinición en cuanto a la fecha en que se escogerá finalmente el Presidente y se instalará un nuevo Parlamento (Congreso bicameral), el cual caducó en 2020, cuando también quedaron las alcaldías sin sus alcaldes, debido a que todos terminaron el período para el cual fueron electos, sin que las autoridades pudieran realizar las elecciones. Esto le permitió al presidente Jovenel Moïse gobernar por decreto.
El hoy desaparecido dignatario pretendía además reformar la Constitución haitiana, que ha sido de muchos obstáculos para los gobernantes de turno, a propósito del poder que tienen los parlamentarios.
La Constitución de 1987, la cual está vigente en Haití, creó una especie de sistema híbrido, entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Es algo similar a lo que existe en Francia, con la diferencia de que el sistema haitiano le quitó más poderes al Presidente para dárselo al Parlamento, lo que creó un desequilibrio en el principio de la separación de poderes.
Para tener una idea de lo que sucede en Haití, el Presidente que gana las elecciones no tiene poder para hacer designaciones hasta que el Parlamento no le apruebe un Primer Ministro y el gabinete de Gobierno.
Por ejemplo, en el 2011, cuando Michel Martelly se juramentó como presidente, debió esperar casi ocho meses para designar su gabinete. Todo ese tiempo fue perdido en rebatiñas en el Parlamento, mientras él gobernaba con ministros interinos que pertenecían a la pasada Administración.
Es un sistema bicéfalo: el Presidente es el jefe de Estado, mientras que el Primer Ministro es el jefe de Gobierno. El Presidente escoge al Primer Ministro, pero el Parlamento lo ratifica y lo supervisa en el ejercicio de sus funciones.
Como la Constitución dice que los ministros se deben al Parlamento, al que le rinden cuenta, los parlamentarios han hecho que ellos les rindan culto. Chantajean a los ministros y los doblegan.
Es por esto que a los senadores hay que darles embajadas, consulados y ministerios, mientras que a los diputados hay que repartirles dinero en efectivo, así como puestos en los ministerios o consulados, sino bloquean la aprobación del Primer Ministro y de los gabinetes.
En vez de ser un sistema democrático, lo que ha hecho es propiciar la corrupción y el abuso de poder de un grupo de parlamentarios sin régimen ni control, pues esos senadores y diputados no son electos por partidos mayoritarios, que no existen en Haití, sino por grupos regionales que muchas veces se disuelven tras cada elección.
Lo que no tomó en cuenta la constituyente de 1987, era que ese sistema bicéfalo no podía funcionar en Haití, debido a la pobreza y a la falta de desarrollo de los partidos políticos.
El sistema de 1987 prevé la renovación del Senado cada dos años, por tercio, como sucede en otros países. En principio la intención es buena, pero no se tomó en cuenta que Haití es un país muy pobre y que no soportaría elecciones con tanta frecuencia. Lo que ha sucedido es que eso nunca ha podido cumplirse, porque nunca hay condiciones para la celebración de los comicios y constantemente el Senado, y por lo tanto todo el Parlamento, caen en la disfuncionalidad, como sucede desde enero del 2019, cuando todos los diputados y dos tercios del Senado cumplieron.
Como se aprecia, en Haití existe un vacío de poder político e institucional de grandes dimensiones, sin que a la fecha se aviste un cambio de panorama, porque su liderazgo político no llega a un consenso, observandose un último apresto en esta dirección cuando se produjo una reunión en agosto de 2021, entre el premier Henry y actores relevantes de Haití, que tuvo como escenario el hotel Montana, hasta donde llegaron activistas e irrumpieron para impedir el diálogo de cara a la concertación.
Las manifestaciones sociales están en auge y tienen como principal motivación, el incremento desproporcionado de los precios de los productos en sentido general, pero más que nada, los de consumo masivo, dentro de los que se enmarca la canasta familiar. A esto se suma al desabastecimiento esporádico de mercancías y combustibles, producto de la inseguridad que genera la violencia, lo que termina alterando la cadena de suministro y distribución.
Las protestas tienen su epicentro en Puerto Príncipe, pero ya se están extendiendo a los demás departamentos (así se llaman las provincias y son 10 en total). Los saqueos producto de la desesperación están a la orden del día.
En tal sentido, el Instituto de Estadísticas de Haití confirmó que la inflación se situó en 30,5 % en julio, con una importante variación respecto a los meses anteriores. La inflación importada y la escasez de los combustibles repercutieron en los precios del mercado local, según la entidad.
De igual forma, refirió que los alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir, calzado y mobiliario sufrieron un alza de hasta 3,9 % con respecto a junio y hasta un 33,6 % anual; mientras que, los productos importados y las producciones locales aumentaron interanualmente un 43,2 y 23,2 %, respectivamente. Las variaciones más significativas se registraron en los departamentos Sur y Oeste (a este último pertenece Puerto Príncipe).
El premier Henry anunció la implementación de programas sociales, que quizás no tengan el alcance deseado, por asuntos de presupuesto, por las debilidades institucionales y los problemas de comunicación existentes. Incluso, hay comunidades muy distantes, donde la presencia de autoridades e instituciones no se perciben.
Inseguridad ciudadana
El clima de inseguridad, violencia e intimidación social que se vive en Haití a causa del control que ejercen las bandas armadas, prácticamente ha reducido al mínimo la débil actividad económica y comercial, así como otras del diario vivir. Muchas veces el problema se centra en el gran desabastecimiento de combustibles que padece la nación y que las bandas controlan la distribución del poco existente.
El Gobierno de Haití y los mecanismos de represión y control, como lo es la Policía Nacional Haitiana (PNH), no están en la capacidad de enfrentar el terror y el accionar que han impuesto estos delincuentes armados, especialmente en la capitalina ciudad de Puerto Príncipe, principal centro político y económico de la nación.
La problemática ha derivado en la dinamización de la migración interna, pues familias completas han abandonado sus casas para trasladarse a otras localidades donde la presencia de estas bandas armadas es más reducida. En el marco de esta situación trascienden las violaciones y maltratos que reciben mujeres y niñas que se refugian en campamentos improvisados, como el que funciona en la plaza Hugo Chávez de Tabarre, cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe.
Para que se tenga una idea clara de la situación de inseguridad, el temido Jimmy Cherizier (a) “Barbecue”, líder de una asociación de bandas que controla la capital, en un discurso cada vez más político exigió hace meses atrás que el primer ministro, Ariel Henry, dimita de su cargo para permitir la normalización del despacho y distribución de los hidrocarburos, cuya escasez ha afectado el transporte y las actividades de los hospitales, tan esenciales en medio de la actual pandemia; la comunicación telefónica; así como el abastecimiento de insumos y alimentos, que llega tanto de zonas agrícolas del interior, como del comercio que ingresa desde la República Dominicana en camiones y patanas, que se exponen a ser atacados o secuestrados al adentrarse en el territorio haitiano.
Barbecue exclamó en ese entonces: “Después de su renuncia, participaremos en la seguridad del país, comenzando por nuestras zonas. Nadie podrá secuestrar a nuestros vecindarios”. Tal pronunciamiento permite establecer hasta donde es el control territorial que ejercen estas bandas, el nivel de organización y el poder armado que exhiben.
Lo cierto es que la coalición de pandillas “G9” tiene el control de las calles y mantiene acorralado al Gobierno, ante el silencio o temor cómplice de una gran parte de la clase política, de la cual siempre se ha sospechado que tiene estrechos vínculos con estos grupos armados.
Para poner en perspectiva esta connivencia, se cita una información públicada el 8 de julio de 2022, por el portal digital “InSight Crime”, bajo el título “Escándalo en la aduana de Haití por incautación de 100.000 rondas de municiones ilegales”, donde se reveló, entre otras cosas que, las autoridades de aduanas y de policía haitiana interceptaron el pasado mes de julio cerca de 120.000 proyectiles a bordo de un buque de contenedores en el embarcadero de Port-au-Paix. El cargamento ilegal que procedía del estado de Florida, en Estados Unidos, se componía casi en su totalidad de balas y cargadores para rifles de asalto de grueso calibre. El operativo se ejecutó el mismo día que el Gobierno de Haití designó un nuevo Director y Encargado de Aduanas, en reemplazo del anterior jefe del ente, Rommel Bell, quien era investigado desde mayo por la Unidad de Lucha contra la Corrupción de Haití (ULLC, por sus siglas en francés).
De su lado, autoridades de los Estados Unidos han advertido en reiteradas ocasiones el aumento del contrabando de armas de fuego y municiones desde su territorio hacia Haití. Coincidencialmente y de acuerdo a lo informado por las primeras, los cargamentos confiscados han salido en gran parte del estado de la Florida, donde se ubica gran parte de la diáspora haitiana en el indicado país norteamericano.
La Policía Nacional Haitiana (PNH) en estos momentos no tiene ningún plan ni mucho menos el mando, la disciplina, la cantidad de miembros ni la logística para enfrentar a dichas bandas y garantizar cierta “estabilidad en el país”. El desafío de las pandillas es tal, que ya han atacado en dos ocasiones la caravana de altos funcionarios de la nación. El miércoles 27 de octubre de 2021, la víctima fue el ministro de Interior, Litz Quitel, cuando salía de la terminal petrolera de Varreaux, en Puerto Príncipe; ya semanas antes había sido agredido el primer ministro, Ariel Henry.
Pero también hay que recordar la ola de secuestros, que adquirió una difusión mediática más profusa tras conocerse el plagio de 12 misioneros de los Estados Unidos y Canadá, a cargo de la banda “400 Mawozo”, que pedía un rescate de 17 millones de dólares por cinco niños y 12 adultos, los cuales mantuvo cautivo por un tiempo, hecho ocurrido cuando esta misión cristiana llegaba en autobús al orfanato de Ganthier, localizado a las afueras de Puerto Príncipe.
Asimismo, se trae a colación el secuestro del consejero Agrícola de la Embajada de la República Dominicana, Carlos Guillén; mientras que una banda armada quemó vivo al exsenador Yvon Buissereth, un suceso reportado en la primera semana de agosto, acaecido en la comuna Laboule 12, un área de la parte alta de Puerto Príncipe en la que prevalece la violencia, donde también fueron asesinados dos periodistas el pasado enero, por parte de una de estas pandillas. Estos hechos demuestran que en Haití nadie está seguro.
Estos sucesos nos han retrotraído a los tiempos de las bandas armadas “chimers”, que surgieron como el desmembramiento en facciones del otrora “Ejército Rojo”, el cual era un grupo armado que creó el presidente Jean Bertrand Aristide para su protección y para que actuara de contrapeso a los militares y policías haitianos.
En una ocasión, la llegada del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos y luego el contingente de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), permitieron controlar y desarmar a estas bandas, para dar paso a un periodo de “cierta estabilidad” que ayudó al avance institucional de la nación, el cual en estos momentos se percibe que ha retrocedido grandemente, en medio de los malos gobiernos, la corrupción, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el azote de la pandemia del Covid-19.
Lo que más conviene en estos momentos, es que las fuerzas de seguridad garanticen el control mínimo necesario para que las actividades comerciales se reactiven y la población pierda el temor de salir a las calles. Esto facilitaría la llegada de mercancías, tanto desde la República Dominicana, como por vía marítima, que a veces se ve interumpida por situaciones de crisis como las que se vive desde hace tiempo. Sin embargo, las bandas estarán siempre ahí, con sus estructuras intactas, esperando el momento y las condiciones para ejercer y demostrar su poder como elemento de intimidación y “disuasión” delictiva.
Al margen del discurso y la postura política asumida por el G9 y su líder Barbecue, se sabe que estas organizaciones ejercen un control territorial donde dominan las actividades criminales, tales como los secuestros, cobro de peaje (seguridad) a comerciantes, etc., porque de alguna manera necesitan suplir su sustento y la logística operacional. Por otro lado, el cuerpo policial no es de fiar, pues no se sabe el grado de infiltración que este tenga por parte de las bandas armadas.
Vista esta situación, resulta oportuna y prudente la medida anunciada por el Gobierno dominicano, de prohibir la entrada al país de 12 líderes de estas bandas criminales, sobresaliendo los nombres de Jimmy Cherizier (a) Barbecue y Wilson Joseph (a) Lanmo San Jou, de la banda 400 Mawozo; así como al exministro de Relaciones Exteriores y Cultos (canciller), Claude Joseph, quien desde sus funciones y a la postre, ha venido articulando un discurso de odio contra la República Dominicana, con ribetes de intimidación.
Puntualizaciones finales
La situación de crisis política, de inseguridad alimentaria y sanitaria, seguirá agravándose en Haití como consecuencia de la falta de gobernabilidad, la insensatez y las conspiraciones de la clase política, así como de la peligrosa incidencia de las bandas armadas, lo que acarrearía el aumento del volumen de inmigrantes haitianos iregulares hacia diferentes litorales, especialmente a nuestro territorio y en un segundo lugar, al de los Estados Unidos.
El Gobierno haitiano es débil, mientras que los mecanismos represivos y de control, como la Policía Nacional Haitiana (PNH), solo lograrán un control esporádico y frágil de la situación de inseguridad. Será difícil que puedan someter a raya, desarticular y desarmar a las bandas delincuenciales, porque las mismas cada vez se esparcen más sobre el territorio haitiano, el cual se lo dividen para desarrollar sus actividades criminales.
Sin el concurso directo de la comunidad internacional, en recursos y quizás con una fuerza militar (contingente al estilo la MINUSTAH), la situación en Haití irá empeorando, agravada por la crisis económica y sanitaria.
Desde la perspectiva dominicana, es necesario continuar activos con nuestra política exterior en los foros internacionales, alertando sobre el problema haitiano, que ya se ha convertido en una problemática regional. De igual manera, se deben mantener dinámicas las medidas e iniciativas físicas (muro fronterizo), administrativas, legales e institucionales que permitan aumentar nuestro control fronterizo de forma “permanente” y no como producto, cada cierto tiempo, de las circunstancias que vive Haití.
La comunidad internacional, con respecto a Haití, viene dando indicios de cansancio y desinterés, ante otros temas mundiales y regionales de mayor impacto para las grandes potencias y esta realidad es la que nos debe mover en todo momento a tomar con determinación las medidas precautorias más convenientes al interés nacional presente y futuro.
Otro factor importante a tomar en cuenta, es que el pueblo haitiano vive del día a día, por lo que las bandas armadas saben que la especie de estado de sitio al que tienen sometido a gran parte del país, espacialmente Puerto Príncipe y sus periferias, no soportará tanto tiempo, porque la población y sus necesidades cotidianas harán que las mismas salgan a las calles en búsqueda del sustento y de la precaria subsistencia.
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