Parte 2La convulsión política y social por la que atraviesa la República del Perú tiene su génesis en el descrédito de la clase política tradicional, que ha dado paso a su vez al surgimiento de nuevos actores inicialmente desvinculados del ámbito político, como fue el caso del depuesto mandatario Pedro Castillo y su sucesora, Dina Boluarte. La sociedad peruana dio visos, en ese entonces, de depositar su confianza en figuras alternativas.
Liderazgo político
En tal sentido, en los últimos 30 aňos, varios presidentes peruanos han sido acusados de corrupción y a modo de resumen, se citan: Alberto Fumijori (1990-2000), condenado además por crímenes de lesa humanidad; mientras que los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht generó varios casos, afectando a Alejandro Toledo (2001-2006), en libertad bajo fianza en Estados Unidos y pedido en extradición por Perú; Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019, cuando la policía se disponía a arrestarlo; Ollanta Humala (2011-2016); y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En lo referente a Martín Vizcarra (2018-2020), se le imputó haber recibido coimas de dos empresas que ganaron licitaciones para realizar obras públicas, en el tiempo que fue gobernador de una comunidad del sur.
Como se aprecia, la corrupción es sistemática y ha derivado en una especie de canibalismo político, entre quienes presiden los poderes Ejecutivo y Legislativo, estos últimos encargados de fiscalizar y deponer a los primeros, a pesar de los problemas reputacionales que tienen.
La degradación del ejercicio político tiene un impacto negativo en el desarrollo integral de cualquier estado y a Perú le está pasando facturas desde hace años, avistándose en los eventos que se vienen registrando y en la desigualdad social que afecta sobre todo a los 55 pueblos indígenas, el 93 % de ellos localizados en la Amazonía y el 7 % en los Andes, de acuerdo al Ministerio de Cultura de la nación andina. Muchas de estas comunidades no están electrificadas y tienen carencias de todo tipo.
Para poner en contexto la realidad económica y social de estos pueblos originarios, mencionamos algunos datos interesantes públicados en el 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, entre ellos: el 30 % de hogares no cuenta con acceso a agua potable mediante una red pública; una de cada cinco viviendas tiene como servicio de desagüe un pozo ciego; cuatro de cada diez hogares poseen un televisor en casa y solo uno de cada cuatro quechuahablantes tiene acceso a Internet. De su lado, la Encuesta Nacional de Hogares realizada en el 2018 arrojó que, el 10 % de la población indígena es analfabeta y el 16 % en el caso de las mujeres.
En diversas comunidades es difícil acceder a instituciones y servicios, lo que se relaciona con el centralismo político, institucional y económico en el Perú, que tienen su epicentro en la capitalina ciudad de Lima, desde los tiempos coloniales y el inicio de la era republicana, hace más de 200 aňos.
No obstante a los problemas de inestabilidad política, Perú tiene una una economía sólida y en crecimiento constante, gracias a la explotación de los recursos estratégicos, entre ellos: petróleo, gas natural, plata (el segundo productor a nivel mundial), cobre, zinc, oro, estaňo y plomo, localizados sobre todo en la Cordillera de los Andes. Además, es un país diverso en cuanto a su clima, relieve, cultura y etnografía. Uno de sus retos es mejorar la distribución de las riquezas, tal y como acontece en la mayoría de las naciones en vías de desarrollo.
Organizaciones terroristas
Por otro lado, en el marco de este convulso escenario político y social ha sobresalido el accionar de Sendero Luminoso, una de las organizaciones terroristas más violenta y letal del Perú, que aunque está diezmada, mantiene presencia en la zona conocida como “VRAEM”, en referencia al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Organismos de seguridad peruanos han establecido que en la referida demarcación cohabita la insegurgencia narcoterrorista liderada por facciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que llevaron mucho dolor y luto a las familias peruanas desde 1970 hasta el 2001, tiempo en el que fueron capturados sus principales líderes políticos y jefes militares. Desde entonces, sus actividades criminales han sido ocasionales, aunque se mantienen operando conjuntamente con sectores del narcotráfico en la zona “VRAEM”. Se recuerda que, Perú es considerado el primer productor de la hoja de coca, conforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A propósito del actual escenario de protestas, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), general policial Óscar Arriola, declaró recientemente que “El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), brazo legal de Sendero Luminoso, tiene una actividad incesante en las marchas en contra del Estado de Derecho. Lo han evidenciado a través de comunicados de sus directivas que indican que van a participar y sus demandas son: cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, abajo el ‘golpe neoliberal’ y adelanto de elecciones”.
Ciertamente el pliego reivindicativo del movimiento terrorista coincide con el de los manifestantes, además de que las protestas callejeras se han tornado muy violentas, con un saldo de 25 personas fallecidas y 69 hospitalizados a la fecha, conforme a los datos del Ministerio de Salud de Perú. Las actividades huelgarias se han radicalizado tras la declaración del estado de emergencia por 30 días.
La presencia de los terroristas capitalizando el movimiento social de protesta demandará de importantes esfuerzos de las instituciones que abordan la seguridad nacional y pública del Perú, a los fines de neutralizar el accionar de los primeros, para evitar que la situación continue evolucionando hasta salirse de control.
Los países limítrofes deberán tomar sus precauciones, al igual que otros más distantes que pudieran resultar de interés para los terroristas que en su momento intenten escapar de los organismos de seguridad y la justicia.
