La renovación de las autoridades políticas de la República de Guatemala está pautada para el próximo domingo 25 de junio, fecha en que serán celebradas unas elecciones generales que han puesto en evidencia el descrédito de las instituciones que abordan el tema electoral desde sus diferentes aristas, lo cual se relaciona con los problemas de imagen que desde hace tiempo enfrenta la estructura político institucional en un país donde existen serias preocupaciones por el retroceso de su joven democracia.
Para entender el proceso, es oportuno indicar que serán escogidos el Presidente y Vicepresidente de la República; 160 diputados (el Congreso es unicameral); 340 alcaldes de igual cantidad de municipios; y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.
Las elecciones presidenciales centran el interés ciudadano, por lo difuso del panorama, que a todas luces proyecta la celebración de un balotaje el domingo 20 de agosto, pues ninguno de los candidatos tiene una intención de voto que alcance o supere la mayoría absoluta (50 %+1).
De los 30 partidos reconocidos, 22 tienen candidatos presidenciales. No obstante, solo tres tienen las mejores proyecciones, de acuerdo a todas las encuestas reputadas, siendo ellos: la conservadora, exprimera dama y representante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, viuda del expresidente Álvaro Colom, sancionado por corrupción en Estados Unidos y quien sería respaldada por el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; y la aspirante del conservador partido Valor, Zury Ríos, hija del fenecido dictador Efraín Ríos Montt y quien fue vicepresidenta del Congreso, y dos veces jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH); y la aspirante del conservador partido Valor, Zury Ríos, hija del fenecido dictador Efraín Ríos Montt y quien fue vicepresidenta del Congreso.
Una nebulosa ha marcado el curso de los acontecimientos, sobresaliendo las denuncias de presunta represión a un sector de la prensa y a candidatos opositores que tenían buenas proyecciones, pero que marcaban equidistancia del oficialismo, el cual supuestamente intenta reelegirse, de acuerdo a las denuncias de los segmentos que lo adversan.
En tal sentido, generó indignación y corrientes de opinión poco favorables, el rechazo de las candidaturas de varios aspirantes, sobre todo de los dos que marcaban los mejores números, siendo ellos: el representante del liberal partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda; y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Thelma Cabrera, por supuestamente no cumplir con lo estipulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En ese tenor, los estudios de opinión pública proyectan que Edmond Mulet recibiría el mayor caudal de votos de Carlos Pineda, que hasta su exclusión del proceso era el favorito; por igual se proyecta una abstención de sus adeptos y la dispersión del voto de los mismos, aunque en menormedida. En el caso de Thelma, era una candidata antisistema, que aglutinaba el voto indígena (estimado en un 42 % de la población electoralmente activa) y quien obtuvo buenos números en los comicios de 2019.
En resumen, la incertidumbre cobra fuerza en el panorama político electoral guatemalteco. No está de más decir que, si bien Guatemala tiene una sostenida estabilidad económica y que es la economía más grande de Centroamérica, tiene mucha desigualdad y pobreza. El voto de castigo hacia el oficialismo, tradición desde 1985, entre otras variables, podrían incidir en los resultados de las votaciones.
