Parte 1. La República de Perú ha trascendido al escenario internacional por su inestabilidad política, cuyo trasfondo se relaciona con el descrédito del liderazgo político que ha ocupado los poderes Ejecutivo y Legislativo, por los casos de corrupción que se le atribuyen a varios de ellos; el papel desempeñado por la justicia; la polarización política marcada por la importante presencia e incidencia del cuestionado fujimorismo; y la desigualdad imperante en un país de amplios contrastes y valiosos recursos estratégicos. Es por tanto relevante conocer un poco más de la crisis actual de la nación andina.
En tal sentido, las medidas erráticas del depuesto presidente Pedro Castillo, tendentes a disolver el Congreso de la República (unicameral, integrado por 130 legisladores) y declarar un Gobierno de excepción, vinieron a dar al traste con la suerte que le había acompañado desde que se perfilara como un dirigente político innato que había logrado calar en el gusto popular, en un país donde los ciudadanos han perdido la confianza hacia el liderazgo político tradicional y las instituciones claves, como el Congreso, que a diciembre de este 2022 tiene una aceptación de un 11 %, conforme al estudio de la firma Datum.
Durante su año y medio de gestión, Castillo logró superar varios intentos de destitución de parte del Congreso; el cambio constante de gabinete ministerial, reflejando inestabilidad y afectando la institucionalidad; y su distanciamiento del izquierdista Partido Político Nacional Perú Libre, que lo llevó al poder y con el que entró en contradicción. Todas estas situaciones mellaron su aprobación, que se redujo a un 24 % a inicios del presente mes de diciembre, según diversas encuestas.
El futuro de Castillo es incierto. Muchos analistas coinciden en que ya concluyó su carrera política, pero ahora están en debate otros aspectos más sensibles y delicados, entre ellos: el papel de las leyes y la justicia, planteándose que podría ser sentenciado a 20 años de prisión, pudiendo ascender a máximo 35 años en caso de que se establezca una acumulación de pena (máximo 35 años); y, además de la fuerte influencia que habrían tenido colaboradores cercanos, como es el caso del exprimer ministro, Aníbal Torres, quien decidió pasar a la clandestinidad tras ser incluido en la investigación contra el exjefe de Estado.
De acuerdo a como sucedieron los hechos, se puede concluir que ciertamente el exmandatario Pedro Castillo no sopesó que debía contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior, que al final demostraron que no estaban a su favor.
En relación a Dina Boluarte, tiene importantes retos por delante al asumir la Presidencia de Perú. La misma no cuenta con experiencia política ni con un partido que le sirva de base de sustentación política y social, dado que hace un tiempo también marcó equidistancia del Partido Político Nacional Perú Libre, que la llevó como compaňera de fórmula de Pedro Castillo.
La nueva Presidenta tiene a su favor el respaldo endosado por Keiko Fujimori, quien representa al derechista partido Fuerza Popular, por el que compitió con Castillo a la Presidencia de la República, quedando en segundo lugar y por ende, es un sector político importante, que incluso cuenta con una representación de 24 legisladores, siendo la segunda fuerza a tomar en cuenta dentro del Congreso.
Asimismo, Boluarte se está proyectando como una mandataria conciliadora, al escuchar el clamor de los manifestantes que piden la realización de elecciones en el marco de protestas callejeras de corte violento que llevan un saldo de dos muertos, habiendo prometido que las mismas se efectuarán en abril de 2024. Es además, una mujer de origen humilde, cercana de la realidad de segmentos como los indígenas, lo que podría facilitar sus relaciones con algunos sectores sociales.
No está de más señalar que, este calendario electoral estará sujeto a la agenda, las motivaciones e intereses del Congreso, sin descartarse alianzas coyunturales del liderazgo político que cohabita en ese hemiciclo, que en ocasiones ha entrado en marcadas contradicciones. Esto así, porque para adelantar los comicios se requiere de una enmienda constitucional, a sabiendas de que “Boluarte asumió con plenos poderes y debe completar el mandato hacia 2026, ya que no tiene mandato legal ni facultad constitucional para convocar elecciones”, explicó a CNN en Español el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.
Conforme a un trabajo periodístico de The New York Time, titulado, “Los retos de Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú”, con fecha del 8 de diciembre de este 2022, “Según diversos analistas, ese drama político refleja una tendencia más amplia en América Latina. La corrupción, la frustración generalizada por la creciente desigualdad y la ira contra la élite han alimentado la desconfianza y el populismo en toda la región”.
Los próximos días serán determinantes para Boluarte establecer alianzas estratégicas, siempre y cuando continué proyectandose conciliadora, pues esto le facilitaría el camino para lograr la necesaria cohesión política y social que requiere Perú para encarrilarse nuevamente en las vías de la productividad, la relativa estabilidad y el desarrollo.
