En las primeras dos décadas del siglo XXI se inició la elaboración e implementación de una serie de estrategias y agendas de políticas públicas orientadas al cierre de la brecha digital, y con el avance constante de las tecnologías, así como también el aumento de la demanda de servicios públicos en canales digitales y consecuentemente, los ataques cibernéticos, se requería una mejora de las competencias digitales y una política de transformación digital que reflejara tales necesidades.
Históricamente se han logrado grandes avances en el desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía, lo que se aprecia en datos relevantes, como el que establece que un 74.8 % de la población dominicana es usuaria del Internet, según la última medición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en el 2020. En ese mismo año la República Dominicana ocupaba el 7mo. lugar en Latinoamérica respecto a la cantidad de servicios públicos disponibles en línea.
Y es que, no obstante se han demostrado avances significativos, la evolución de las tecnologías es constante y requiere de una estrategia a largo plazo que profundice el proceso de transformación digital en el país, de manera que impacte de forma más efectiva la calidad de vida de los dominicanos, elevando la calidad de los servicios públicos de carácter estratégico, como la educación y la salud.
En este sentido, en el 2021 se estableció un espacio de colaboración interinstitucional que sistematizara los aportes de la sociedad civil, las academias y el sector privado, para elaborar en conjunto una estrategia orientada a eficientizar el gobierno electrónico y la digitalización de los servicios públicos de cara a la población, así como también, para revisar los planes de acción orientados a los ejes relativos a las capacidades y competencias en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como también aquellos planes para dinamizar la economía aprovechando los medios digitales.
Una de las necesidades manifestadas por la población ha sido el aumento de la conectividad en el territorio nacional y el acceso al internet en las zonas rurales más vulnerables del país. Con la pandemia del Covid-19 se evidenciaron las áreas de mejora de las políticas previamente adoptadas, como la débil protección de los datos de los ciudadanos, la necesidad de complementar el marco legal habilitador de las TIC y de incentivos para impulsar la transformación digital, así como la oportunidad de fortalecer las iniciativas y los emprendimientos orientados al empoderamiento social y a la formación de los ciudadanos.
Es por estos cambios sociales que se formula la Agenda Digital 2030, una estrategia contentiva de los proyectos e iniciativas necesarios para disponer de un entorno habilitador normativo e institucional para acelerar la reactivación económica, mejorar la calidad de vida de la población, así como elevar los niveles de productividad y competitividad nacional.
Esta Estrategia Nacional de Transformación Digital (#AgendaDigital2030) de República Dominicana fue galardonada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) en los premios WSIS Prizes 2022, en la cual se postularon más de mil iniciativas a nivel mundial. Dicho reconocimiento justificó su mérito en el proceso colaborativo llevado a cabo para la formulación de la agenda, la cual fue desarrollada empleando una metodología participativa, transparente y abierta.
La Agenda Digital 2030 está compuesta por 5 pilares: gobernanza y marco normativo, conectividad y acceso, educación y capacidades digitales, gobierno digital y economía digital. De manera transversal, se incluyeron dos ejes: innovación tecnológica y ciberseguridad.
El primer eje, relativo a la gobernanza y el marco normativo, tiene como propósito mejorar la articulación entre todos los sistemas que conforman el ecosistema digital del sector público, con el fin de eficientizar la regulación correspondiente y gestionar un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías en beneficio de la población. Para este eje se definieron dos indicadores, uno referente al Índice de calidad regulatoria y otro respecto a la adaptabilidad del marco legal a modelos de negocios digitales, de conformidad con el Índice Global de Competitividad.
El segundo eje, el de conectividad y acceso, surge como seguimiento al Plan Nacional de Banda Ancha que coordina el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y que sirve como instrumento para fomentar las alianzas entre los sectores públicos y privados de las telecomunicaciones, en pos de aumentar el acceso a la banda ancha.
Es un eje sumamente relevante para el cierre de la brecha digital, ya que la República Dominicana se encuentra posicionada por debajo del promedio alcanzado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y se manifiesta de cara a los niveles de penetración de la banda ancha fija y la banda ancha móvil.
Actualmente, el 4.7% del territorio nacional cuenta con una cobertura de redes fijas, y además, los dominicanos enmarcados en los quintiles más vulnerables no tienen servicio de Internet o los dispositivos de acceso resultan no asequibles, por el alto costo que representan en sus hogares.
Es por esto que, la Agenda 2030 contempla dentro de sus objetivos la promoción de políticas públicas de incentivo a la inversión privada para lograr la expansión de redes, y la regulación correspondiente para facilitar la disponibilidad de acceso al Internet de las instituciones.
Por otro lado, el eje correspondiente a la eficientización de las TIC en el Gobierno, enmarcado dentro de la estrategia de Gobierno Digital, tiene como objetivo principal la promoción sostenida de la transformación digital del Estado dominicano, mediante la ampliación de canales de prestación de servicios a la población, tanto de manera presencial como digital. Similarmente, se planteó como objetivo el fortalecimiento de la gestión financiera y administrativa del Estado, así como de los mecanismos de acceso a la información pública.
Cuando nos referimos a la transformación digital, es imperativo dedicar esfuerzos importantes al eje de educación y capacidades digitales, ya que aunque el país ha mejorado su posición en los indicadores de la región relativos al uso del Internet, la pandemia del Covid-19 evidenció la brecha digital en el sector, especialmente la escasa oferta de alfabetización digital básica y la falta de conectividad y equipamiento apropiado en las escuelas y universidades.
Por tanto, para desarrollar las competencias necesarias en el estudiantado dominicano, es necesario incorporar, de manera integral, las tecnologías digitales en la política educativa, y fomentar la educación en Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) en los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se trazaron las líneas de acción para impulsar la formación especializada de profesionales y técnicos en TIC, y para fomentar una cultura digital en toda la población, mediante la creación de un marco nacional de competencias digitales.
Similarmente, se identificaron las barreras que enfrenta el sector productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas, entre las que se cita a un sinnúmero de procesos burocráticos en el sector público, y que presentan un bajo nivel de bancarización y acceso a servicios financieros. El eje correspondiente a la economía digital aborda la problemática al establecer líneas de acción orientadas a fortalecer el desarrollo nacional de soluciones y herramientas TIC que apoyen a todos los sectores económicos, y también a impulsar el comercio electrónico y fortalecer las capacidades logísticas para bienes y servicios adquiridos mediante este canal.
Todos los ejes contentivos de la Agenda Digital 2030 están complementados por dos ejes transversales: un eje correspondiente a la innovación sostenible de las TIC en cada uno de ellos, y por otro lado, un eje correspondiente a la política de ciberseguridad en la República Dominicana.
Aunque es menester la revisión legislativa del sector, específicamente de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se requiere sentar las bases para los mecanismos de gobernanza de todas las partes, especialmente la inclusión de todas las instituciones que componen el Gobierno Central, de cara a establecer un entorno digital seguro, confiable y resiliente.
Cada vez es más evidente la creciente necesidad del fortalecimiento de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. La transformación digital requiere de la eficientización de los servicios públicos, la mejora de la calidad y la transparencia en todo el ámbito institucional del Estado, teniendo presente que, a medida que aumenten los servicios, se incrementarían las amenazas de ciberataques, tanto a instituciones gubernamentales como privadas y académicas, y es una problemática que ha puesto en jaque a gobiernos, grandes corporaciones e instituciones de todo el mundo, así como a los ciudadanos y ciudadanas que lo conforman.
Finalmente, cabe afirmar que para lograr la necesitada transformación digital del país, es de suma importancia fortalecer las capacidades de las instituciones públicas, tanto para el aprovechamiento efectivo de las TIC en las gestiones de cara a la ciudadanía, como también para mejorar la coordinación entre sí de las actividades administrativas, en provecho de los sectores productivos y educativos, teniendo como norte el bienestar y la calidad de vida de los dominicanos.
